Todo empieza con la supuesta liberación de los servicios funerarios, con la consiguiente prestación de los servicios funerarios por parte de empresas privadas. Se liberalizo el precio de los servIcios, pero no el acceso, además de escasas garantias y claridad en los derechos de los ciudadanos en la contratación de un servicio funerario.

Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, que liberalizó la prestación de los servicios funerarios, suprimiéndolos de la lista de servicios esenciales reservados a las entidades locales y estableciendo que los ayuntamientos podían someter la prestación de servicios funerarios a un régimen de autorización reglada numerus apertus, de manera que podrían ejercer la actividad todos los operadores que cumplieran los requisitos exigidos y que acreditaran disponer de los medios materiales necesarios para realizar el transporte de cadáveres.

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para impulsar la productividad, respecto al sector funerario, que reconoció la eficacia nacional de la autorización para la actividad de traslado de cadáveres. También dispuso que los requisitos para obtener la autorización debían establecerse de acuerdo con los criterios mínimos que, en su caso, fijaran el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, advirtió que las normas que regularan los requisitos de las autorizaciones para la prestación de servicios funerarios no podían establecer exigencias que desvirtuaran la pretendida liberalización del sector.

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DSMI), establece un nuevo marco regulatorio para las actividades de servicios, propugnando el establecimiento de regímenes de control administrativo ex post, cuando la actividad ya se ha iniciado, en lugar de controles ex ante de la actividad, que actúan como barreras de entrada, a menudo innecesarias y/o desproporcionadas. En el marco de la Directiva de Servicios el establecimiento de un régimen de autorización es excepcional, y solo podrá establecerse si obedece a razones imperiosas de interés general (principio de necesidad), y si cumple con los principios de no discriminación, proporcionalidad y mínima distorsión.

- La Directiva de Servicios ha sido transpuesta al ordenamiento español, mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Ley 17/2009 ha establecido un nuevo marco para la regulación de las actividades de servicios incluidas en su ámbito de aplicación, como son los servicios funerarios. En línea con la Directiva de Servicios, prevé que cualquier medida que suponga una limitación al acceso o ejercicio de una actividad de servicios como, por ejemplo, un régimen de autorización, deberá estar justificada por una razón imperiosa de interés general, ser proporcionada y no discriminatoria.

- La Ley 25/2009, de carácter básico y con un enfoque ambicioso respecto a las previsiones de la Directiva de Servicios, resulta fundamental para los municipios por las modificaciones que realiza, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local introduce en los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos, junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa.

- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común incorpora un régimen jurídico básico de los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos a través de la declaración responsable y la comunicación previa. Esta regulación mínima debe ser concretada por la legislación sectorial y completada para las actuaciones municipales concretas en las actividades de servicio por parte de las ordenanzas locales.

En la disposición adicional séptima de la Ley 25/2009 se estableció que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno del Estado debía realizar un estudio sobre los servicios funerarios y proponer, en su caso, los cambios normativos necesarios para garantizar la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios, así como para impulsar la eliminación de otros obstáculos derivados de la normativa vigente.

Sin embargo, con el paso de los años se ha comprobado que la apertura al sector privado del mercado funerario ha sido más teórica que práctica.

En este sentido, el 'Estudio sobre los servicios funerarios en España', elaborado conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en 2010, en cumplimiento de la disposición anterior, tras analizar los obstáculos existentes en la prestación de los servicios funerarios en España y las dificultades para garantizar la libre elección del prestador, realizaba algunas recomendaciones, entre las que se encontraban:

' Revisar la normativa reguladora del acceso a la actividad, con el objetivo de establecer un régimen de habilitación más proporcionado.

' Declarar libre, en el interior del Estado, el traslado de cadáveres fallecidos por una causa que no represente un peligro sanitario, una vez realizados los trámites de certificado de defunción y del Registro Civil, en las cuarenta y ocho horas siguientes al deceso. Se especifica que, en estos casos, el traslado no debería condicionarse a ningún tipo de autorización ya que no comporta ningún riesgo sanitario.

' Obligar a las empresas funerarias a ofrecer la lista de precios a sus clientes en un lugar visible con la finalidad de incrementar la transparencia.

' Reforzar el régimen de infracciones y sanciones, y los servicios de inspección.

' En la línea de protección de los usuarios, evitar determinadas prácticas inadecuadas de captación de servicios en los hospitales y residencias geriátricas, y garantizar que la información ofrecida en estos centros sobre los prestadores de servicios funerarios sea transparente y favorecedora de la competencia.

- El Proyecto de Ley de Servicios Funerarios, aprobado por Consejo de Ministros el 17 de junio de 2011, que incorporó la mayor parte de las recomendaciones formuladas en el estudio realizado por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Política Social, en cuyo preámbulo manifiesta que pretende establecer un marco general para la prestación de servicios funerarios que garantice la competencia efectiva y la libre elección por parte del consumidor, que asegure la protección del mismo y que garantice una mejor información sobre los servicios y precios ofrecidos.

El Proyecto de Ley estatal delimitaba las condiciones y requisitos a los que se encuentran sometidos los prestadores de servicios funerarios y eliminaba muchas restricciones injustificadas al acceso y ejercicio de la actividad existentes.

Ahora bien, el 27 de septiembre de 2011 el proyecto de ley decayó, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, y de convocatoria de elecciones.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que reconoce una serie de principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas, con el objetivo de evitar la introducción de restricciones innecesarias o desproporcionadas en el funcionamiento de los mercados, obteniendo con ello una regulación más eficiente desde el punto de vista de la competencia, sin renunciar a las finalidades públicas perseguidas por la norma. La existencia de una competencia efectiva, junto con una transparencia en la información, son dos presupuestos importantes para que pueda existir una verdadera elección de operador por parte del consumidor.

Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios. Epigrafe 979.1. Servicios de Pompas Fúnebres. Artículo 3. Inexigibilidad de licencia. Artículo 3. Inexigibilidad de licencia.


Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que destaca los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación; las garantías al libre establecimiento y circulación y el principio de eficacia en todo el territorio nacional, e introduce modificaciones legislativas específicas, en concreto respecto a la necesidad de autorización justificada por razones de salud pública.

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su internalización, cuya Disposición Final Séptima modifica la Ley 12/2012, de Medidas de Liberalización del comercio y de determinados servicios, norma vigente que consolida el procedimiento de simplificación de trámites que implantó la figura de la Declaración Responsable/Comunicación Previa eliminando las licencias precedentes a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas, introduciendo por el Real Decreto-Ley 19/2012.

La modificación vigente desde el 29 de septiembre, amplia los supuestos de aplicación de las normas:

a) Aumentando de 300 m2 a 500 m2 la superficie útil máxima de exposición y venta al público de los locales.

b) Introduciendo nuevos epígrafes en el listado de actividades comerciales y de sus servicios del Anexo de la Ley 12/2012. Entre ellos el Epígrafe 979.1. Servicios de Pompas Fúnebres.

Viene a reafirmar los mismos criterios la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración al recoger que se podrá exigir una licencia u otro medio de control preventivo cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

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